Frente a lo ocurrido las últimas semanas en el
colegio Juan Pío Montúfar y las acciones que han sido resueltas por parte de
las autoridades, expresamos nuestras inquietudes acerca de las motivaciones y
posturas entorno a este tema.
Es en las instituciones educativas, como lo
dice el artículo 27 de la constitución del Ecuador, donde los jóvenes tienen su
encuentro con el ejercicio político, la democracia, la participación y la vida
pública. En estos procesos, que nos enriquecen como sociedad, es donde surgen
inquietudes, visiones y contradicciones con los discursos y las agendas de
otros actores. En ese sentido, es apenas lógico que cuando hay cambios se
presenten tensiones entre varios actores. Lo que no creemos lógico, es que el
procesamiento de los conflictos se haga de “tú a tú” entre la autoridad pública
y el estudiantado, como sino fuese evidente que tanto en el proceso educativo,
como en la resolución de controversias, son los estudiantes quienes siempre
están en desventaja. ¿Cómo permitir el involucramiento en la vida pública, en
los asuntos de interés general si existe un exagerado amedrentamiento al
reclamo juvenil?
En el caso concreto del colegio Montúfar, el
Ministerio de Educación ha hecho gala de su fuerza –legal y simbólica- para
cerrar un conflicto en el que dice, la culpa es de otros, pues para sus
autoridades, los estudiantes de los colegios (especialmente tradicionales y
públicos) no conocen otra forma de reclamo que no sea la violencia. Eso es
parcialmente cierto: en buena parte del estudiantado existe esa noción de que
la única forma de hacer respetar su punto de vista y el “orgullo institucional”
es mediante acciones de hecho. Ciertamente es un recurso, pero ni debe ser el
único, ni el más empleado, menos cuando la educación pública debería estar en
un proceso de reflexión y reinvención por parte de todos sus actores. Pero
precisamente por ello, porque hay cuestiones que no siempre son racionales, que
la autoridad pública debería atinar a generar o garantizar, no solo canales de
diálogo, sino también acciones que generen confianza en los estudiantes y
desactiven los discursos generadores de violencia.
Este rol, el de pensar más racionalmente, fue
asumido por la dirigencia estudiantil que sin abandonar sus posiciones y
críticas al Ministerio de Educación, trató de mediar en un conflicto que tuvo
varias aristas: desde episodios violentos, hasta medidas administrativas.
Seguramente en esta delgada línea entre lo “políticamente correcto” y lo “políticamente
auténtico” se cometieron errores y excesos. Pero de ahí a aplicar la máxima
pena estipulada en la legislación pertinente, no solo hay una desmedida sanción
legal, sino también un desatino político al corto y largo plazo: Reubicar al
estudiante que pedía a sus compañeros que no sean violentos parece no tener
sentido, menos cuando existen actores políticos que, a punta de editoriales,
titulares y fotos conmovedoras, de un joven menor de edad, al cual dicen
respaldar o al menos garantizar sus derechos y no hacen más que apelar a la
emoción del público, generando resentimientos en la opinión pública: así nunca
va a terminar, al menos, la violencia física: el resentimiento trae más
violencia.
Resulta penoso evidenciar como los actores
gubernamentales emplean mecanismos absurdos para relacionarse con movimientos
sociales y la sociedad en su conjunto. Más aun cuando su legitimidad se
construyó entorno a la ampliación del ejercicio político más allá de los
canales formales. Reubicar a estudiantes que rompen el canon educativo es
absurdo porque si además fuesen incitadores como se dice que son, se está
trasladando y no solucionando “el problema”, menos cuando la dirigencia
estudiantil goza de amplia legitimidad entre sus compañeros y socialmente. Tal
es así que no solo convocó a movilizaciones para expresar sus desacuerdos, sino
a una minga para resarcir los daños en la propiedad pública y privada de las
inmediaciones de su institución de estudios o a plantones pacíficos donde
padres y madres de familia y egresados también estuvieron presentes.
Enfatizamos en lo violento que resulta
“reubicar” a un estudiante cuando, además, su culpabilidad se basa en una frase
dicha y sus pruebas de descargo no han sido tomadas en cuenta en un proceso en el
que las autoridades son jueces (al ser estas quienes realizan los informes) y
parte (pues las movilizaciones empezaron por reclamos contra ellas). Nos queda
la duda de que se haya aplicado la presunción de inocencia y penosamente
tenemos la certeza de que no solo no hay voluntad política para el diálogo,
sino que hay un una predisposición a la Real
politik, aun cuando esta sea por vías violentas e ilegitimas socialmente.
#NOReubicaciónGonzalo
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